La Cámara Federal confirmó el fallo anterior de un juez y ordenó al Gobierno un informe sobre las cantidades de comida retenida y su inmediata distribución.

En medio de una crisis alimentaria, la Sala II de la Cámara Federal argentina confirmó este miércoles la orden dada por un juez al Gobierno de Javier Milei para que informe sobre grandes cantidades de comida almacenada que el Ejecutivo retiene y no ha entregado a comedores o merenderos populares, el cronograma de su reparto en el plazo más breve posible y sus futuros destinatarios.

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Los jueces federales Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico reiteraron la orden impartida por el juez federal Sebastián Casanello para que el Ministerio de Capital Humano entregue los pasos que dará con las 5.9 toneladas de alimentos almacenados en Villa Martelli (norte de Buenos Aires) y en Tafí Viejo (provincia de Tucumán), que incluye productos a punto de caducar. Insistieron en que, de no cumplirse su fallo, el referido ministerio incurrirá en delito de desobediencia a una orden judicial.
Casanello impartió la orden el lunes pasado, pero a pesar de la emergencia alimentaria, la ministra del sector, Sandra Pettovello, apeló su fallo y el caso pasó a ser analizado en Comodoro Py, sede del poder judicial federal.

El escándalo de que el Gobierno de Milei retiene esos alimentos fue destapado a través de una investigación periodística, tras lo cual el dirigente social Juan Grabois denunció a Capital Humano por retener alimentos de primera necesidad en medio de una severa crisis alimentaria, con lo cual violó el derecho a la alimentación de millones de personas.
Al apelar el fallo de Casanello, Pettovello afirmó que la decisión de aquel constituye una intromisión indebida de la justicia en esferas que no son de su competencia, sino de otro Poder del Estado.
Durante la audiencia para tratar la apelación, los jueces trasmitieron que no están en discusión las políticas del Estado en asuntos de la seguridad alimentaria, sino si hubo o no actuación ilícita de funcionarios de Milei que agravaron la situación catastrófica en que se hallan millones de argentinos.

A la audiencia asistieron Grabois y la secretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, quienes se agredieron y cruzaron numerosos insultos. Por este motivo, los jueces Irurzun, Farah y Boico libraron oficios al Colegio Público de Abogados porteño y a Capital Humano para que evalúen las conductas de ambos.
Durante este caso, la ministra Pettovello ha intentado desviar la atención pública de su actuación personal y responsabilizó de lo ocurrido a su amigo y exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, a quien luego denunció penalmente.
La funcionaria también ha culpado al Gobierno de Alberto Fernández por la compra de estos alimentos, alegando que presuntamente se utilizaron métodos irregulares para adquirirlos.

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